MENSAJE DE FCH EN EL FORO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

   Para mí, es motivo de gusto el poder participar con ustedes en este Cuarto Foro Nacional de Seguridad y Justicia. El cuarto ya, efectivamente, Alejandro, que nos ha reunido.

            Y saludo con mucho afecto a todos los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan y que nos han impulsado, que nos han empujado, también, hay que decirlo, a llevar adelante, y qué bueno que así haya sido, la Reforma Penal.

            Quiero agradecerle muchísimo a nuestros amigos de SOS. A Alejandro Martí, por su impulso y su gran liderazgo social, sin el cual no hubiera sido posible, estoy seguro, que México fuera adelante en este tema que es vital, para una de las preocupaciones mayores de los mexicanos que es, precisamente, la seguridad y la justicia.

            También, desde luego, agradezco a RENACE, a Ernesto Canales Santos. En fin.

            A todos a los que han convocado a este importante foro de encuentro, de reflexión y de acción.

            Estoy convencido, amigos, que ustedes, al igual que todos los integrantes de la sociedad civil que nos acompañan, son un ejemplo de la fuerza transformadora de México, y que la fuerza transformadora de México está en sus ciudadanos.

            Gracias a su integridad, gracias a su tesón, gracias a su trabajo incansable, nuestro país está avanzando en la construcción de un nuevo sistema de justicia.

            En los últimos años, uno de los esfuerzos mayores y una de las luchas más significativas de las mexicanas y los mexicanos es la que hemos librado intensamente por construir un verdadero, un auténtico Estado de Derecho en el país, que tanta falta nos hace.

            Y emprendimos esta tarea, quizá, en un momento muy complejo. Pero qué bueno que la emprendimos. Qué bueno que la emprendimos porque, de no haberlo hecho entonces, quizá, ahora, hoy mismo, sería ya demasiado tarde.

            Hoy mismo, quizá, la debilidad estructural del Estado, de sus órganos, de sus Poderes y sus instituciones, quizá hubiera sido tal, que no habría realmente con qué haber iniciado esta larga marcha, compleja, difícil, pero marcha, precisamente,  hacia el México de leyes y de justicia que todos anhelamos.

            En un momento complejo, sí. En un momento en el que algunas regiones del país se habían visto seriamente lastimadas por la violencia, particularmente, de los criminales y que, en general, la impunidad, esa gran lacra que tanto daño hace  y ha hecho a México, había prácticamente sentado sus reales.

            Y por ello, a pesar de las adversidades de todos conocidas, el Gobierno a mi cargo emprendió una lucha y una lucha decidida, para recuperar la tranquilidad y el  imperio de la ley en México.

            Y lo hicimos porque, en lo personal, como Presidente de la República, como mexicano, como abogado, como Presidente de la República, sé muy bien que la primera exigencia ética, política y constitucional para cualquier servidor público, desde el más humilde regidor, desde el más humilde empleado de una oficina Ejecutiva, Judicial, Legislativa, hasta el Presidente de la República, la primera obligación, según reza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es guardar y hacer guardar la Constitución y la ley, o las leyes, que de ella emanen.

            Cumplir y hacer cumplir  la ley, queridas amigas, queridos amigos, se dice fácil, pero es la regla elemental de cualquier régimen democrático.

Es un imperativo categórico y constitucional que, a fuerza de evadirlo, México fue, a fuerza de evadirlo por parte de quienes debíamos cumplirlo, o debían cumplirlo, México fue, por desgracia, entrando a esta espiral de inseguridad, de incertidumbre, de impunidad, en la que quedó atrapada una buena parte del país.

            Y para hacerlo, para hacer de México un Estado de Derecho, y para recuperar condiciones de seguridad, de tranquilidad y de justicia, pusimos en marcha una estrategia integral.

            Una estrategia integral que no se reduce, como algunos equivocadamente opinan, al ejercicio de la fuerza para enfrentar a los criminales, sino que abarca, precisamente, amplios campos de la vida social e institucional.

            Tiene, como he dicho insistentemente, y reitero, tres componentes fundamentales:

Enfrentar a los criminales. Sí, por supuesto. Como un eje que deriva del deber elemental del Estado de hacerlo.

            Y segundo, y más importante. Un segundo eje está en la reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia en el país.

Se trata de un esfuerzo para, precisamente, las agencias del poder público y los órganos del Estado, básicamente Ejecutivos y Judiciales, puedan verdaderamente responder y tener con qué responder a la exigencia ciudadana de seguridad y justicia.

            En honor a la verdad, amigas y amigos, no estaban en capacidad de hacerlo. Y por eso, es fundamental reconstruir policías en el país. Y, por eso, es fundamental reconstruir Ministerios Públicos en el país. Y, por eso, es, también, fundamental fortalecer los Poderes Judiciales en el país y en la Federación, algo que compete a otro Poder, por su obvia naturaleza.

            Y, por eso, también, amigas y amigos, era medular impulsar una reforma del calado de la Reforma en Materia Penal, porque forma parte de esa estrategia integral, de la reconstrucción de las instituciones públicas en materia de seguridad y justicia, obsoletas algunas, averiadas otras, terriblemente corrompidas, corruptas, otras más, en la vida nacional.

            Y un tercer elemento, amigas y amigos, también, fundamental, y quizá superior a los otros dos. La reconstrucción del tejido social, que se había dañado enormemente por la problemática social y económica del país y, también, por supuesto, por la violencia y el delito.

            Y, por esa razón, emprendimos la máxima tarea que se haya hecho en mucho tiempo de generación y construcción de nuevas universidades públicas, de rescate de espacios públicos, de creación de centros de prevención y tratamiento de adicciones, y un largo etcétera.

            De eso se trata, amigas y amigos. De una estrategia integral de la cual México tiene que hacerse cargo. Por eso, dentro de esta estrategia, insisto, en el segundo eje de reconstrucción institucional, iniciamos una profunda reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia, desde luego, a nivel Federal, que nos corresponden, pero, también, impulsamos, hasta donde es posible hacerlo y desde el ámbito Federal, la reconstrucción de las instituciones en el ámbito estatal y municipal. Es obligado hacerlo.

            Por eso, nos dimos a la tarea de impulsar reformas de enorme trascendencia, a fin de construir un entramado legal e institucional que permita un verdadero acceso a la seguridad y a la justicia a todos los mexicanos.

            Específicamente, el conjunto de reformas constitucionales y legales que se han propuesto, muchas, y la más de ellas aprobado por el Congreso de la Unión y el Constituyente Permanente, van en ese sentido.

            Me refiero, no sólo a la Reforma de Justicia Penal, que es muy importante y abundaré en un momento más en ella, sino me refiero, también, a las reformas que se hicieron en materia de derechos humanos.

            Una reforma, verdaderamente, revolucionaria en el ámbito jurídico constitucional y que hace que México, por primera vez, reconozca como derecho propio y del más elevado rango los derechos humanos reconocidos en cualquier tratado celebrado por nuestro país.

Algo que agrega enorme complejidad, también, hay que decirlo, a la labor de los juzgadores, de los litigantes, pero que el desafío es poderlo aplicar sin que eso derive, precisamente, en una falla en el propio sistema de justicia o en una indebida exacerbación de factores de impunidad.

La reforma que se hizo, también, en materia constitucional, en materia de amparo y que ahora se ve trunca, nuevamente frenada, sesgada, como bien ha dicho el Ministro Valls, por la falta de aprobación a la Ley de Amparo, que está en el Congreso de la Unión.

La falta de leyes que reglamenten y ordenen las reformas constitucionales hacen nugatorias las reformas que tanto necesitamos los mexicanos. Y de ahí la exigencia ciudadana, de todos, al Poder Legislativo de que cumpla con su deber de legislar y de que cumpla, precisamente, o por lo menos resuelva sí o no, las reformas que tiene estudio.

Porque lo peor, lo peor que puede pasar es la indefinición, lo peor que puede ocurrir es que no haya ni siquiera una respuesta a lo que se propone.

            Porque si no hay respuesta, no hay manera de imputar, ni costos ni beneficios ciudadanos-políticos, que hagan que funcionen los Poderes Públicos.

            Y, desde luego, la Reforma en Materia de Justicia Penal, que se aprobó en el año 2008 y que es un elemento de esta transformación que queremos para el país.

            Como ya se ha dicho y se sabe, con ella estamos sustituyendo el anacrónico e ineficaz sistema inquisitorio por un sistema acusatorio de juicios orales que, sobre todo, encarna, debe encarnar, en principios básicos, sin lo cual la Reforma no puede funcionar.

            Principios de publicidad, para transparentar, precisamente, la justicia, que buena falta le hace; principios de contradicción, para verdaderamente ponderar frente al juzgador las visiones de las partes; principios de concentración, de inmediación, particularmente de las probanzas; principios de continuidad y principios de presunción de inocencia.

            Esta reforma, en cierto sentido, es una respuesta al reclamo histórico de millones de mexicanas y mexicanos que, con toda razón, demandan un sistema de justicia más eficaz y transparente.

            Un sistema que promueva una mayor eficiencia en la investigación de los delitos. Que obligue, en el propio procedimiento, a una mayor eficiencia en la investigación de los delitos. Que proteja los derechos de las víctimas.

            Se trata, sin duda, de una de las reformas más trascedentes de la vida institucional del país.

            Y algo muy positivo, es que esta reforma fue producto de un consenso político muy amplio, de fuerzas políticas, de especialistas, de juristas, que participaron en un diálogo plural, incluyente; donde todas las voces fueron escuchadas, y donde superamos las diferencias, a fin de cambiar de raíz, la forma en que se imparte la justicia en México.

            La aprobación de esta Reforma del Sistema de Justicia Penal, ha sido una muestra de la unidad de los mexicanos frente a la necesidad de construir un verdadero Estado  de Derecho.

            Hoy, es necesario, amigas y amigos, reflexionar sobre lo que aún falta por  hacer. Nos encontramos a la mitad del plazo que la Constitución determina, para que el nuevo sistema acusatorio  entre en vigor en el país.

            Ya hay avances, sí. Pero, también, hay tareas fundamentales muy importantes qué realizar.

            Y quiero hacer referencia a algunas de esas tareas.

            Yo soy bien consciente de que el plazo constitucional vence en cuatro años más, pero, también, bien consciente de la importancia, ojalá así sea, que la reforma se complete y entre en vigencia, o entre en práctica, a cabalidad, mucho antes del  fenecimiento de dicho plazo.

            Es bueno para el país. Y, por eso, hay que acelerar el paso.

            Qué hay que hacer.

            En primer lugar, quiero referirme a la labor que está realizando el Gobierno Federal para la plena aplicación de la reforma. Hemos trabajado, precisamente, en la vertiente de renovación institucional, en las propias instituciones Federales.

            En la modernización de la Policía Federal, en la modernización de la Procuraduría General de la República. En ambas instituciones, por ejemplo, estamos fortaleciendo sus capacidades de prevenir y perseguir el delito y, sobre todo, de investigarlo con el desarrollo, por ejemplo, de muy consolidadas divisiones científicas en ambas instituciones.

            Las hemos dotado, fundamentalmente a la Policía Federal, y ahora vamos sobre la Procuraduría, de tecnología de vanguardia, de sistemas y mecanismos periciales, de los cuales no había contado México.

            Estamos, también, contratando a las y a los mejores elementos, jóvenes en todo el país. Miles de ellos con carrera universitaria terminada, abogados, sí, y aquí hay muchos, pero, también, ingenieros, especialistas en diversas materias, para que realicen; ingenieros químicos, por ejemplo, ingenieros informáticos, para que realicen la investigación criminalística necesaria para coadyuvar con el Ministerio Público en procesos judiciales.

            Y quiero destacar también algo muy importante. Hace unos días, aunque pasó un poco desapercibido, el Ejecutivo a mi cargo emitió las directivas del Gobierno Federal, los protocolos para el uso de la fuerza, tanto en la detención y presentación de personas, como en la preservación de la escena del crimen, y la cadena de custodia de las evidencias, por ejemplo.

            Con ello, las Fuerzas Federales, no sólo las Fuerzas Armadas, la Policía Federal, la Procuraduría, tienen lineamientos muy claros para que su actuación, por un lado, sea absolutamente respetuosa y apegada a los derechos humanos; y, por otro, con el tratamiento adecuado a las evidencias para lograr la investigación de los delitos. Esto es fundamental, avanzar hacia la investigación científica de los delitos.

            Estamos en un momento de riesgo, no cabe duda, por la transición que vivimos. Siendo muy burdo, y admito que puede ser un ejemplo, una analogía muy burda, supongamos que hace décadas para no meternos en problemas de linderos de tiempos cercanos, el método de investigación, quizá, más socorrido era, vamos a llamarle, el interrogatorio severo, por no decir la tortura, de los propios detenidos.

            Ese era el México viejo, ese era el México real. Funcionaba, digamos, para atrapar un delincuente, sí, en algunos casos, y no, en muchísimos más, donde eran, más bien, inocentes que pagaban por culpables, y en cualquier caso, había una violación inadmisible de los derechos humanos.

            Y a donde tenemos que evolucionar es a un sistema donde alguien sea acusado, juzgado y sancionado en base a las evidencias que científicamente puedan, verdaderamente, recolectarse, o en base a los testimonios que libérrimamente puedan generarse ante el Juez.

            Pero en ese tránsito estamos desde hace, prácticamente, varios años. En ese tránsito en el que han desaparecido, y qué bueno, viejos modelos inaceptables para el ser humano y para su dignidad. Pero no acaban de consolidarse los nuevos mecanismos y, entonces, en esa transitoriedad la eficacia, sobre todo, en la persecución de los delitos sufre enormes fragilidades y vulnerabilidades.

            Y, por esa razón, no pueden siempre consolidarse en todos los delitos las evidencias, no todos los acusadores, los Ministerios Públicos cuentan ni con el ingreso, ni con las capacidades técnicas, ni con el entrenamiento para poder hacer valer sus dichos.

            Y, también, se mezclan elementos de exigencia en el nuevo sistema que no siempre contabilizan con este proceso de transitoriedad que está viviendo México.

            Es decir, si la ley, por ejemplo, reconoce la validez legal del testimonio de los llamados testigos colaboradores, más que testigos protegidos, testigos colaboradores, o de los propios testigos protegidos. Pero en este espíritu y en este ánimo, se descalifica reiteradamente el testimonio de los llamados testigos colaboradores o protegidos.

Cuáles son, entonces, las evidencias que pueden vencer a la impunidad y hacer que se castigue un delito.

            O bien, que en el ánimo de recurrir a los más exigentes y refinados elementos del derecho ideal para algunos, debo aclarar, como, por ejemplo, la absoluta o la afirmación absoluta, categórica de la llamada invalidez de la prueba o la prueba ilícita, si se demuestra con la ciencia que la bala que disparó a una persona fue disparada, específicamente, por una pistola en concreto.

            Pero, por la llamada irrelevancia de la prueba  ilícita, llevada a un extremo, honestamente discutible, simplemente se desvirtúa esa prueba cuando se van a castigar a esos asesinos.

            Cómo puede procederse a castigar a los asesinos. No puede, la justicia, tener su énfasis, precisamente, en ver cuáles son los resquicios sobre los cuales pueden invalidarse las pruebas del nuevo modelo.  Siempre habrá esos resquicios. Siempre habrá alguna manera de descalificar tales pruebas.

            Por qué.

Porque hay un criterio de juzgador. Y, precisamente, por ello, ese criterio debe enfocarse, precisamente, a la legalidad, siempre,  y yo afirmo, a la justicia  también, siempre.

Hay otras cosas en las que estamos avanzando y México requiere avanzar sustancialmente.

En segundo lugar. Quiero referirme a las necesidades de los estados. Que, también, avancen en sus procesos de adecuación a un sistema de justicia penal.

Nada más en este esfuerzo institucional que estamos haciendo a nivel Federal, recojo también, lo que se está haciendo, por ejemplo, en la Procuraduría General de la República.

Se ha puesto en marcha en Proyecto Diamante, para asegurar que los agentes del Ministerio Público, sobre todo los nuevos agentes, los peritos, los policías ministeriales, cuenten con los conocimientos y las habilidades necesarias para poder transitar al sistema acusatorio.

Ya la Procuraduría General de la República, por ejemplo, tiene una sala específica para simular y entrenar a los ministerios públicos en materia de juicios orales, y una nueva unidad para implementar la Reforma de Justicia en la propia Procuraduría General de la República.

Decía que, en segundo lugar, quiero referirme a las necesidades de que los estados avancen, también, en sus procesos de adecuación al nuevo Sistema de Justicia Penal.

Y aquí, reitero la voluntad del Gobierno Federal, de colaborar con los gobiernos estatales, para que la reforma se cumpla en tiempo y en forma.

 Yo lo sé. Ya lo decía, también Alejandro Martí. Es claro que para avanzar, se necesitan recursos, se necesita dinero. Y quizá, ese fue el principal obstáculo en el primero o segundo año de aprobada la reforma. Pero, entre 2010 y 2012, por lo menos en lo que al Gobierno Federal corresponde, se han destinado más de mil 200 millones de pesos a las entidades federativas para apoyarlas en este proceso.

            Hay, actualmente, fondos Federales para apoyar las tareas de seguridad y justicia en los estados que alcanzan montos de casi 20 mil millones de pesos anuales. Sé que la mayoría va a tareas de fortalecimiento institucional de seguridad, pero, también, pueden aplicarse en justicia, en una gran gama y en un gran número de vertientes.

            Muchos de esos fondos, por ejemplo, quedan subejercidos año con año. Estoy hablando de miles de millones de pesos que no se ejercen ni para justicia ni para seguridad en los estados.

            Y por si fuera poco, además, este año BANOBRAS, por instrucciones, también, del Gobierno Federal, ha puesto a disposición de las entidades federativas recursos por hasta 12 mil millones de pesos, 12 mil millones de pesos de crédito para la construcción de infraestructura de seguridad y justicia, pero es un crédito que tiene una modalidad que ustedes deben conocer, amigas y amigos.

            Esos 12 mil millones de pesos, el principal, ese capital no está obligado a pagarlo el estado que lo contrate, lo va a pagar el Gobierno Federal. El estado sólo debe pagar los intereses de ese crédito, y el Gobierno Federal se va a hacer cargo del capital.

            Es decir, yo sé que se necesitan recursos, pero estricta, estrictamente yo diría que ya no es problema, yo diría que ya no es el principal problema. Se requiere mucha voluntad política para avanzar con la reforma.

            Pero ahí hay recursos para hacer las salas de los juicios orales, ahí hay recursos para capacitar a los Ministerios Públicos y a los jueces, ahí hay recursos que deben emplearse en la justicia local que, también, digámoslo de una vez, amigas y amigos, es la justicia o, más bien, es la injusticia que más padece el ciudadano.

            Sí, entiendo, la espectacularidad de las notas. Estos horribles crímenes perpetrados por una delincuencia no sólo sin escrúpulos, sino sin razón y sin corazón.

Y, por eso, entre paréntesis, reitero mi felicitación a las Fuerzas Armadas por haber atrapado a esta persona, autor intelectual y material, o autor material, por lo menos, de esa horrible matanza en Cadereyta, Nuevo León. Con toda razón apodado, por cierto, El Loco.

            Pero, amigos, siendo espectacular, enormemente espectacular, esas noticias, lo que vive el ciudadano es una realidad criminal de una naturaleza diferente.

            Qué es lo que vive el ciudadano.

            Lo que están viviendo los trabajadores cuando son robados en el pesero, en el micro; lo que está viviendo el estudiante de secundaria, que siempre le están robando la mochila, lo poco que trae ahí; lo que está viviendo la secretaria que, allá, en la colonia de donde sale, al regresar a su casa, sin luz, en calles de polvo, es ultrajada y violada.

            Ese es el delito. Lo que sufre el ama de casa que le roban su monedero cada vez que sale al mercado, lo que sufre cualquier padre de familia al llegar a su casa y verla absolutamente saqueada.

            Esos son los delitos que están sufriendo los mexicanos, esa es la justicia que está haciendo falta.

            Y esa justicia es estatal, es local, es la justicia ordinaria. Esa es la seguridad y la justicia que más reclama el interés de los ciudadanos.

            Y creo, honestamente creo, que es la justicia más desatendida, es la seguridad menos atendida.

            Por eso, es vital que se renueven las instancias de seguridad y de justicia, también, en los estados.

            Y es muy importante, amigas y amigos, entonces, que los estados muestren su verdadera voluntad política para que estos recursos se transformen en nueva infraestructura y en personal capacitado. Un personal que pueda atender con suficiencia las necesidades de los mexicanos.

            En tercer lugar. Quiero referirme y reiterar lo que ya han señalado quienes me han precedido en el uso de la palabra, la urgente necesidad de contar con un nuevo Código de Procedimientos Penales conditio sine qua non, puede haber reforma.

            En septiembre, hace ya ocho meses, presenté a la Cámara de Diputados una iniciativa de código y en ella se contemplan cosas como:

            Primero. Reconocer plenamente a las víctimas como parte del proceso, incluso, que bajo el cumplimiento de ciertos requisitos les permita ejercer acción penal directamente y, por tanto, solicitar personalmente a los jueces impartición de justicia.

            Estamos rompiendo el sagrado monopolio del Ministerio Público, y qué bueno, porque el impulso procesal verdadero es el de la víctima.

            Quién quiere más que se castigue un delito, que la víctima que lo sufrió.

            Y tenemos que cambiar nuestro derecho, que ha sido fundamentalmente un derecho centrado en las garantías del procesado y no en las garantías de la víctima. Y eso presenta un desequilibrio medular a la hora de impartir justicia.

            Dos. Establece, como dijo el Ministro Valls, la figura del juez de control, el juez del juicio oral y el juez de cumplimiento de sanciones o sentencias.

            Queremos un mecanismo de supervisión judicial más eficaz, más ágil, más especializado para evitar arbitrariedades y ser eficaz en las investigaciones.

            Tres. También, regula de manera clara, efectiva, la presunción de inocencia de los imputados. Limita los casos de prisión preventiva a los señalados en la Constitución, obliga al Ministerio Público a probar la culpabilidad de los acusados, que nos lleva a este problema de la transición, que hay que abreviar lo antes posible.

            Cuatro. Ordena, mediante reglas sencillas cómo son las audiencias, cómo deben ser las audiencias orales, que es la esencia del nuevo procedimiento.

            Eso va a permitir un escrutinio público de la sociedad y va a cerrar, esperamos y deseamos, las puertas a la discrecionalidad y a la corrupción.

            Este código, amigas y amigos, es la pieza que hace falta a nivel nacional para que se pueda implementar cabalmente el nuevo sistema de justicia penal.

Si tuviéramos ya aprobado el Código de Procedimientos Penales a nivel Federal podríamos, en el Gobierno Federal, acelerar la implementación de la reforma en nuestros propios ámbitos de competencia. Yo sé que contaríamos, perfectamente, con la voluntad del Poder Judicial Federal para, también, acelerarla.

            Posponer su aprobación, por tanto, es un obstáculo a la urgente modernización de nuestro sistema judicial y de la justicia. Y posponerla por tanto tiempo, a mí me parece, francamente, una irresponsabilidad. Y hay que ser muy claros, esta falta de cooperación y voluntad está teniendo un costo para México.

Por eso, es indispensable que el Congreso le dé la prioridad que merece a esta iniciativa. No importa que estén en receso, pueden en cualquier momento convocar a una Sesión Extraordinaria para resolver, si quiera un tema pendiente. Uno.

Yo sugiero a los Diputados: Hagan el dictamen del Código Federal de Procedimientos Penales, como, también, pediría que hicieran el de la Ley Federal Trabajo, por ejemplo, pero centrémonos en el tema de hoy. Tema, tema, como se reclama de acuerdo con el reglamento parlamentario.

            Centrémonos en el Código Federal de Procedimientos Penales, dictamínenlo y convoquen a Sesión Extraordinaria en el Congreso para ese tema nada más, para ese tema.

            No hagan evocaciones efeméricas de lo que pasó hace 50, 30, 40 o 200 años. No hagan referencias a lo que dicen los periódicos del día, unos contra otros. No presenten puntos de acuerdo, iniciativas, para poder salir en la foto, en la tribuna, y no vayan a decir que en su Distrito nunca subieron a la tribuna. No. Dedíquense nada más al Código Federal de Procedimientos Penales, por favor.

            Y una moción de orden, que estoy escuchando ya, del Ministro Valls.  Y, también, por supuesto, la Ley de Amparo. Dictaminen la Ley  de Amparo. Dictamínenla. Teníamos ya un acuerdo. Teníamos  ya un consenso. Por qué bloquearon, en último momento, la Ley de Amparo. No lo sé.

            Pero es hora, honestamente, es hora de llamarnos a cuentas a todos. Yo estoy dispuesto a que me llamen, también, a lo que debo responder, de lo que hice y de lo que no hago. Pero, también, llamemos a nuestros representantes.

            Y sepamos distinguir,  que eso es otra cosa bien importante, quién sí y quién no cumple. No es el genérico Congreso, por cierto. Son Diputados y Senadores,  en específico, quienes cumplen y, también en específico, quienes no cumplen.

            En suma, amigas y amigos, esta reforma histórica al Sistema   de Justicia tiene avances, y qué bueno, yo también lo celebro, pero también grandes retos.

            Por eso, es indispensable acelerar el paso en todos los niveles de Gobierno y en todos los Poderes Públicos para que esta reforma se convierta en un cimiento sólido, de legalidad para México.

            Quedan pendientes muchísimas cosas, mi querido Alejandro Martí. Me dan ganas, de veras, de que me inviten en este mismo Seminario.

            Cuándo se termina. El jueves. Ojalá. Me dan  ganas de invitarme yo solito, para venir a dar otros puntos de vista que quiero dar.  Perdón, que no siempre se puede.

            Porque el Foro  es. Abundamos mucho sobre la  Reforma Penal, es sobre justicia, sí. Pero según leo, también es sobre seguridad.

            Qué va a pasar con la seguridad en el país. Sí se puede, y se debe, pienso, y creo que con razón en muchos casos, criticar la estrategia por la seguridad. Sí. Pero, a final de cuentas, esta estrategia que, insisto, es integral, combate a los criminales, reconstrucción de instituciones y reconstrucción del tejido social, va a seguir o no.

            Van a seguir luchando contra los criminales o no. Van a reconstruir las instituciones y forzando a quienes no las han reconstruido todavía o no.

            Por supuesto, que seguirá todo mundo con el tejido social, es una respuesta obvia. Y es cierto, en parte es cierto que en la seguridad se resolverá con educación, es cierto. Pero no sólo con educación. Decir que sólo se resuelve con educación o empleo es faltar a la verdad.

            Cuando vaya una Secretaria bajándose allá, de un camión, en Ecatepec, en Nezahualcóyotl, o en cualquier punto, en Tlaquepaque, o en Santa Catarina, y la estén amenazando, en Chihuahua, en Juárez, donde sea, y la estén violando, cuál es la respuesta del Estado. Que va a hacer muchas escuelas para que no le pase nada ahorita.

            Necesita una respuesta ahora, aquí y ahora. Cuál es la respuesta para la señora que han entrado a su casa una y otra, y otra vez. Y cuál para quien tiene ahora mismo secuestrado a un hijo, a un hermano. Le vamos a decir: No se preocupe señora, ya estamos haciendo escuelas. No señor. Tiene que haber policía que ayude y que persiga a los criminales.

            Es como decir que la diabetes se cura, y es cierto, con ejercicio, sí, efectivamente, amigas y amigos. El país tiene que hacer mucho ejercicio. Mucha medicina preventiva para evitar la diabetes.

            Pero, qué vamos hacer con una señora de 50, 60, 70 años que ya tiene el problema y que requiere hemodiálisis, y que si no hace hemodiálisis el Estado por ella, se muere.

            Necesitamos las dos cosas, una cultura de prevención en los demás, en los que vienen, pero, también, atender a la señora.

             Y creo que es lo que tenemos que hacer seguridad. Sí se requieren escuelas y empleos, y trabajamos en ello, pero, también, se requiere policía eficiente y comprometida y que no le saque. Gobiernos que no evadan su responsabilidad.

            Va a seguir o no la lucha por la seguridad. Eso, también, tenemos que decidirlo los mexicanos. Ese, a mi juicio, incluso es el tema o uno de los temas medulares del país. Y hay que responderlo con claridad y sin ambigüedades.

            En algún discurso, querido Alejandro, te escuché decir, no recuerdo dónde, que estábamos generando, que el país tenía un incentivo perverso, porque cuando un Gobernador tenía un problema de seguridad, inmediatamente se le mandaba al Ejército, a la Policía Federal, a la Marina, para resolverlo. Y, efectivamente, lo resuelven.

            Es curioso ver pero, en todos los casos de operativos conjuntos, unos más, otros menos, entra el operativo, la violencia se intensifica las primeras dos semanas y luego comienza a reducirse sistemáticamente el nivel de violencia. En fin. Será para el análisis eso.

            Pero el hecho es, amigas y amigos, que en qué consiste este incentivo perverso, el moral hazard, que llaman los americanos.

            Consiste en que se premia, en cierto sentido, la falta de responsabilidad, y se castiga responsabilidad. Es decir, el estado que cumple, que sí tiene policías honestas, limpias y que sí combate a los criminales, ese no tendrá la ayuda por largo tiempo, quizá, de Fuerzas Federales hasta que lo necesite.

            El estado que no cumple, que nunca limpió a sus policías, que nunca le interesó, tiene quien le arregle el asunto de la criminalidad, y podrá criticar: la estrategia está muy mal. Y en la mañana crítica, hay que decir que el Ejército se vaya a los cuarteles, pero en la tarde viene a pedir más soldados en sus municipios y en sus comunidades.

            Hay un problema de incentivo perverso en nuestro sistema Federal que no se está, no existen mecanismos que asignen responsabilidades claras y obliguen al cumplimiento de quien no cumple.

            Y creo que es lo que pasa, también, en la Reforma de Justicia Penal, por cierto.

            Cómo hacer que quien cumple tenga premio, y cómo hacer que quien va retrasado, por lo menos, tenga un señalamiento de la sociedad.

            También, hace falta ciudadanía aquí, por cierto. Hace falta mucha ciudadanía que nos recuerde nuestras obligaciones.

            Yo pienso que en materia de seguridad ese es el dilema: seguir enfrentando a los criminales y luchando por la seguridad o acomodarse a los criminales. Esa es, en síntesis, la alternativa: acomodarse a los criminales o enfrentarlos.

            Y yo creo, amigas y amigos, que acomodarse a los criminales o arreglarse o, más o menos entenderse o, más bien, aún implícitamente acomodarse, sería un gran error para México.

            Yo creo, además, que en los lugares del país donde hay más violencia o ha habido más violencia en estos años, es en buena medida en donde más ha habido un acomodo de este tipo.

            Yo no digo que por corrupción. Yo no sé si fue por temor o, simplemente, porque no se vio el problema. Pero el no enfrentar, sino acomodarse, deriva, tarde o temprano, en lo que estamos viendo: una disputa de los criminales por el dominio, unos contra otros, de esos territorios.

            Reconstruir las instituciones es un imperativo categórico a nivel Federal, que hemos cumplido al límite de nuestras capacidades. Y sí falta por hacer. Lo sé. Pero también debe hacerse en los niveles de los estados.

Hacer control de confianza para todos los policías del país. Ya, incluso, suavizamos el requisito. Ahora, hay un mecanismo dual. A los de arriba, digamos, se les hace control de confianza, incluyendo polígrafo, y a los policías operativos se les hace, por lo menos, un examen toxicológico. Algo es algo.

Pero aun así, amigas y amigos, la ley que, finalmente, sí aprobó el Congreso, y yo agradezco, porque nos costó mucho trabajo hacerla, impulsarla, obliga a que todos los policías estén certificados en enero del próximo año. Estamos en mayo y no hemos avanzado más allá de la tercera parte. Ciertamente, hemos tenido este año más avance que nunca, pero estamos tarde para ello.

Y, sobre todo, la gente no puede esperar, ahí sí, no puede esperar los cuatro años de esta transición ni mucho menos, a tener policía que cuide a su hijo, cuando                        va a la secundaria; que la cuide a ella, cuando va al mercado; que cuide al trabajador, cuando se sube al micro.

Esas policías deben cuidar a los ciudadanos. O saben qué. El ciudadano, por lo menos, suplica, pide, exige, que si no van a cuidarlo los policías, por lo menos no lo estén asaltando. Por lo menos, no estén cuidando a los criminales.

Si la policía no sirve en un municipio, si la policía está cuidando a los capos, más vale que no haya policía en ese municipio. Porque la gente está doblemente vejada y agraviada.              

Yo creo, señoras y señores, que este seminario, que está geniudamente generado desde la sociedad civil, debe plantear las incógnitas fundamentales de México.

Cuáles pueden las modificaciones, incluso, en nuestro sistema federal que establezcan los incentivos correctos. Cómo podemos, también, por otra parte, incentivos correctos para que cumplan, cumplamos todos con nuestro deber.

Cómo podemos hacer, también, que esta transición entre los viejos modelos autoritarios y el nuevo modelo democrático de persecución del delito, del cual la reforma es un ejemplo notable, pueda abreviarse, de manera tal, que se cierre el campo a la impunidad que se sigue viviendo en México.

Cómo podemos participar todos, sociedad, Gobierno y Poderes, y no sólo el Ejecutivo, el Legislativo, a quien le hemos hecho nuestro reclamo; el Judicial, también, para que se cierre este entramado y sea, precisamente, oportunidad de cerrarle, todos, el paso a la impunidad y a la inseguridad; es decir, hacer seguridad y justicia, como lo plantea este seminario.

           

Ojalá que haya diálogo, también, entre los Poderes: judiciales, locales, el propio Poder  Federal.

            Me consta, porque los he visto, y veo varios aquí, Magistrados y jueces, que cumplen con su deber, que se arriesgan y arriesgan la vida, incluso, sentenciando a un criminal; para verlo a los pocos días en la calle con un amparo bajo el brazo.

            Eso tenemos que dialogarlo sin resentimiento, sin recriminaciones. Es una problemática real que tiene que abordarse en México si se quiere, verdaderamente, que éste sea un país con justicia.

            Yo quiero que México sea un país con justicia y con seguridad. Les puedo asegurar, amigas y amigos, que he dedicado, y seguiré dedicando, el mayor de mis afanes personales y como Presidente de la República, para que México sea un país seguro y con justicia.

            Y sé que es un camino largo, largo, pero que tenía que emprenderse tarde o temprano, y aseguro que lo emprendimos en la dirección correcta y apenas a tiempo.

Y que a pesar de que sea un camino largo, a pesar de que sea un árbol que se siembra ahora, y para que crezca y dé fruto tendrán que pasar muchos, muchísimos años, como la mayoría de los árboles mexicanos; también, estoy viendo que ya hoy vemos, por fortuna, el asomo de muchos de esos frutos.

            Uno de esos frutos es esta reforma que, como bien dijo Martí, y agradezco enormemente, Alejandro, tus palabras, sí puede ser parte del legado de esta generación de mexicanos, que nos decidimos un día a emprender el camino difícil.

            Y que esperamos, si no verlo terminado con nuestros propios pasos, en nuestros propios pies, que un día ese camino sea ancho y transiten por esta amplia avenida, los anhelos y las esperanzas de millones y millones de mexicanos que vienen detrás de nosotros.

            Muchísimas gracias y enhorabuena por el seminario.

            Y siendo las 10 horas con 15 minutos, del 22 de mayo, declaro formalmente inaugurados los trabajos del IV Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, augurándole el mayor de sus éxitos.