Propone Bueno Torio facilitar el procedimiento de notificación de conductas
El senador panista Juan Bueno Torio propuso reformar la Ley Federal de Competencia Económica para que en los actos de concentraciones, y que potencialmente podrían constituir una práctica monopólica, se quite la carga de la prueba de una conducta anticompetitiva al demandante, para que sea la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) la encargada de solicitar la información requerida a los agentes económicos involucrados.
“Resulta extremadamente complicado que un agente económico conozca con precisión la información del infractor, por lo que el objetivo de la reforma se traduce primordialmente en facilitar el procedimiento de notificación de conductas anticompetitivas”, explicó.
En la sesión ordinaria, el legislador por Veracruz señaló que la competencia económica es fundamental para las economías del mundo, ya que está demostrado que existe una relación directa entre competencia y desarrollo económico.
“Un país con una fuerte competencia registra un mayor grado de desarrollo, y lo mismo sucede con la relación entre competencia y crecimiento económico; una competencia más intensa conduce a un crecimiento más dinámico de la economía”, sostuvo.
En la actualidad, acotó, en México existen casos de empresas y agentes económicos que están incurriendo en un sinfín de prácticas anticompetitivas que no pueden ser sancionadas por no cumplir con los estrictos requisitos que demanda la ley, y que en pocos años podrían concentrar el poder de mercado necesario para ser considerados como un monopolio.
El también subcoordinador de política económica de la bancada panista recordó que la creación de la Ley Federal de Competencia Económica derivó de la modificación al artículo 28 constitucional y de la abrogación de marcos jurídicos como la Ley Orgánica Reglamentaria del mismo artículo en materia de monopolios, de 1934, la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, de 1950, y la Ley de Asociaciones de Productores.
No obstante, apuntó que dichas regulaciones, más que corregir la existencia de monopolios, sirvieron para reforzarlos al servir como barreras a la entrada de otras empresas.
“La ley reglamentaria del artículo 28 constitucional ahora vigente tiene el objetivo general de lograr que los mercados se desenvuelvan en un ambiente totalmente competitivo, a través de la prohibición de prácticas que sean dañinas o impidan el cumplimiento de ese objetivo.
“Durante los últimos diez años nuestro país ha vivido un intenso proceso de cambio económico, y es precisamente a partir de este cambio que el entorno en el cual se desenvuelve la actividad económica se ha modificado de forma sustancial y, como un acompañamiento integral de dicho cambio, ha surgido un proceso de desregulación del marco regulatorio en el que se desenvuelve la actividad económica”, consideró.
Cualquier economía de libre mercado, cuya definición se base en la libre competencia y concurrencia de los agentes económicos, estará amenazada permanentemente por la existencia de prácticas anticompetitivas, con consecuencias particularmente negativas para los consumidores, dijo.
“Ante esta situación, considero que es muy importante realizar adecuaciones en el marco normativo vigente. En particular, propongo que en los actos de concentraciones a los que hace referencia el artículo 20 de la Ley Federal de Competencia Económica, y que potencialmente podría constituir una práctica monopólica, se quite la carga de la prueba de una conducta anticompetitiva al demandante, para que sea la Cofeco la encargada de solicitar la información requerida a los agentes económicos involucrados”, explicó en tribuna el Senador.
La propuesta del Legislador de Acción Nacional se turnó a las comisiones de Comercio y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictaminación.
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