lunes, 19 de julio de 2010

ALFIL

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Dispersión de responsabilidades

Por Roberto Piñón Olivas

La civilidad electoral es una de las manifestaciones más claras de tolerancia gubernamental. El hecho de que dos gobernantes correspondan a un signo político distinto no tiene porque ser obstáculo para el funcionamiento de las instituciones y los programas de gobierno.

Sin embargo, la civilidad debe caminar hacia las acciones concretas de coordinación en las tareas de gobierno, donde, en este momento, es apremiante el tema seguridad.

Es decir, debe aplaudirse que el presidente Felipe Calderón haya emprendido una serie de acercamientos con los titulares recién electos de los poderes ejecutivos de diversas entidades federativas, entre ellos Chihuahua.

Sin embargo, no es suficiente el discurso y la convocatoria a trabajar juntos, si no va acompañado de una auténtica voluntad de revisar lo que se está haciendo, en una fase de autocrítica, fuera del discurso fácil y la foto de mercadotecnia. Pero más que todo, aceptar responsabilidades.

Después de la reunión entre Felipe Calderón y César Duarte, el área de comunicación social de la presidencia, aún con Max Cortázar como titular, difundió un comunicado que textual señala “que el combate al crimen organizado es una tarea de los tres órdenes de Gobierno, las instancias legislativas y judiciales, entre otros actores sociales, por lo que toda autoridad debe desempeñarse con total compromiso en el marco de la corresponsabilidad”.

No se distingue en las comunicaciones una demostración, fuera de la buena voluntad, de hacer distintas las cosas en materia de seguridad. No hay compromisos concretos. Destaca la afirmación de corresponsabilidades.

Se desliza, con ello, la visión federal de que la responsabilidad en materia de seguridad, específicamente crimen organizado, está distribuida en los tres niveles y en sus distintos poderes: esto es, una responsabilidad dispersa, en un mensaje que genera incertidumbre más que confianza: responsabilidad de todos, responsabilidad de nadie.

Parece que se desconoce el principio constitucional y legal de la responsabilidad federal en el combate a ciertos delitos que requieren de la mayor fuerza del Estado, con fuertes connotaciones incluso internacionales, que rebasan, naturalmente, a las entidades federativas y municipios, como es el caso del crimen organizado en sus diversas manifestaciones.

Una coordinación requiere asumir responsabilidades: en materia de seguridad es muy clara: la prevención, es del municipio; el combate a delitos del fuero común, de los Estados; la atención de delitos del fuero federal, al gobierno de la república.

¿Será que el crimen organizado ha dejado de ser un delito federal y nadie nos hemos percatado de ello?

El autor es Presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos AC

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LIC. ROBERTO PIÑÓN OLIVAS
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